Réquiem por las televisiones autonómicas
Utilizadas habitualmente como un instrumento de propaganda al servicio del gobierno de turno, las televisiones autonómicas han sido tachadas de innecesarias y de despilfarrar el dinero público por los mismos que las han politizado y desprestigiado. Los fuertes recortes en sus presupuestos, las reducciones salariales y los despidos en masa han afectado directamente a su calidad y a su capacidad de control; y es que, un medio público politizado es un instrumento menos de supervisión del Estado y un elemento más de manipulación institucional.
El concepto de lo público cambió radicalmente en 2012, cuando el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy adoptó una serie de medidas que supusieron un importante retroceso del sector público audiovisual. Uno de los principales cambios fue la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual la cual concede a los gobiernos regionales la libertad para poder decidir el modelo de explotación de los entes públicos de radio y televisión. Es decir, a partir de esta reforma los respectivos gobiernos cuentan con la potestad de privatizar total o parcialmente estas cadenas o seguir manteniendo una gestión pública.
Es de sobra sabido que la crisis se ha convertido en la excusa de oro para decretar todo tipo de reformas, ajustes, recortes y penas de guillotina. En el caso de los medios audiovisuales públicos, el actual Ejecutivo ha venido vendiendo el proceso como una medida necesaria para reducir el gasto de las autonomías, sin querer recordar que esos excesivos gastos están más relacionados con la deficiente gestión de sus gobiernos, que con el hecho de que sean entes de titularidad pública.
«Es de sobra sabido que la crisis se ha convertido en la excusa de oro para decretar todo tipo de reformas, ajustes, recortes y penas de guillotina».
El caso más reciente y que a todos se nos viene a la cabeza es el de Canal 9 que cerró el pasado noviembre convirtiéndose en la primera cadena pública que suspendía sus emisiones en España. La decisión fue tomada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulara el Expediente de Regulación de Empleo que implicaba el despido de más de un millar de empleados, al detectar «irregularidades importantes». La mala gestión del ente era obvia, acumulando una deuda que llegaba a superar los 1.000 millones de euros y que escondía una manipulación sin precedentes. Sin embargo, el caso de la Radio Televisión Valenciana no es la excepción, sino la norma. El gasto de todas las televisiones autonómicas ascendía a 927 millones de euros durante 2013 y prácticamente ninguna de ellas era rentable —y siguen sin serlo—.
Otro caso bastante sonado es el protagonizado por la televisión autonómica de la Comunidad de Madrid cuyo gobierno siguió los pasos de la televisión valenciana y presentó un ERE que afectó a 861 empleados, casi el 70% de la plantilla. Este ERE fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo —ratificando la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—sin embargo, esta anulación no ha supuesto la readmisión de los trabajadores, únicamente ha elevado la cantidad de las indemnizaciones.
Lo anecdótico de ambas cadenas es que tanto una como otra fueron gestionadas imprudentemente por los mismos que hoy pretenden hacerlas desaparecer. Plantillas infladas durante ambos gobiernos —casi 2.000 en Canal Nou y 1.400 en Telemadrid—, contratos por derechos de emisión multimillonarios, patrocinio de clubes deportivos, directivos con sueldos desorbitados… han sido las principales causas que han engrosado estas deudas colosales.
El caso de la televisión murciana no es tan conocido, pero se ha convertido en la primera cadena autonómica privatizada, aprovechando la reforma audiovisual impulsada por el Partido Popular, después de que su gobierno anunciara el cese de su contrato con la concesionaria GTM, una constructora que funcionó hasta que terminó la bonanza de la burbuja inmobiliaria. Esta privatización se confirmó el pasado mes de abril cuando el ejecutivo presidido por Ramón Luis Valcárcel (PP) dio a conocer la convocatoria de un concurso para adjudicar la «gestión indirecta» de la televisión pública. Económicamente no parece que se vaya a estabilizar el déficit, puesto que la comunidad tiene el plan de duplicar la subvención a la cadena en 36 millones en los próximos tres años. La calidad informativa y su independencia tampoco parece que pueda mejorar mucho cuando se establece que el ente fijará las directrices editoriales de los contenidos informativos. En resumen, arruinamos a los medios públicos con nuestro “magnífico” mandato, sacamos una ley que permite privatizarlos, y cuando ya hemos realizado todas las inversiones necesarias con dinero público, los vendemos a compañías privadas a precio de saldo. Para las mentes matemáticas, 2x + y = Privatización ¿Negocio de amigos a costa del dinero público? Apostaría al sí.
En un recorrido por el resto de cadenas autonómicas, la situación no es para nada halagüeña. Cuando se inició la crisis en España, la televisión pública catalana (TV3) acumulaba una deuda de 1.000 millones de euros. La Generalitat se hizo cargo, pero no evitó realizar un ERE que puso en la calle a más de 300 trabajadores. La deuda acumulada por la televisión catalana se debía al alto volumen de la plantilla (unos 1.881 empleados) y a un gasto que superaba al de Andalucía y Madrid juntas.
«Los poderes que detentan la gestión de estos medios los utilizan para defender sus propios intereses, olvidando el fin por el que nacieron realmente».
La Radio Televisión de Andalucía tampoco está exenta de sombras y parece obvio después de que sus 25 años de vida hayan ido de la mano de un gobierno socialista perpetuo. Durante la inauguración del canal (1989), el presidente de la Junta por aquel entonces, José Rodríguez de la Borbolla anunciaba que Canal Sur sería completamente independiente, «los que estemos en los gobiernos, pasaremos y lo que quedará será la televisión de Andalucía»[1]. Lo cierto es que la televisión sigue ahí, pero el sucesivo paso de gobiernos socialistas no es que haya traído una televisión alejada del sesgo político. Numerosos empleados han denunciado una gestión nefasta, la pérdida de calidad de los servicios informativos por la desaparición de las desconexiones provinciales, el fracaso estrepitoso en la programación de la cadena o la externalización de programas en detrimento de la producción propia. Más recientemente un grupo de trabajadores irrumpía en el Parlamento andaluz para manifestar su desacuerdo con la aprobación del decreto ley que modifica la Ley de Presupuestos —gracias a los votos de PSOE e IU— y que permite al subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, y a quince directivos más percibir un sueldo superior a los 63.000 euros, nómina que cobra anualmente la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
La Televisión Pública de Galicia (TVG), fue acusada de manipulación informativa por sus propios trabajadores, que lo hicieron patente a través de la entrega de 345 firmas en el Parlamento en defensa de una televisión y radio públicas «plurales y al servicio de la ciudadanía». La solicitud de creación de un Estatuto Profesional y de un Consejo de Informativos orientados a asegurar la independencia de los contenidos informativos ha sido rechazada por el PP, partido que gobierna en la Comunidad de Galicia.
Podría seguir describiendo casos similares de manipulación y deficiente gestión en el resto de televisiones autonómicas, pero eso conllevaría que mi artículo ocupara al menos 20 páginas y que acabarais sobresaturados con tanta deuda e injerencia política.
Partiendo de esta situación, surgen voces que cuestionan la necesidad misma de su existencia —algo completamente razonable teniendo en cuenta este panorama—. Estos entes nacieron con la labor de cumplir un servicio público que garantice derechos básicos de los ciudadanos como son el pluralismo, la atención a las minorías y la cohesión social, la defensa del interés general, o la contribución para la formación de una opinión pública libre, crítica e independiente. Sin embargo, comprobamos como en la práctica estos principios quedan amordazados y la realidad es que en la mayoría de los casos, los poderes que detentan la gestión de estos medios los utilizan para defender sus propios intereses, olvidando el fin por el que nacieron realmente. Si las televisiones y radios públicas no garantizan este servicio público y en su lugar se convierten en meros altavoces de propaganda del partido de turno que gobierne, ¿de qué nos sirven?
«En estos momentos de descrédito y desconfianza es cuando más necesitamos medios públicos de calidad, que actúen con independencia y sean capaces de supervisar las funciones del Gobierno».
La respuesta más sencilla sería dejarnos llevar por esa corriente de desprecio y pensar que no nos hace falta para nada un medio al servicio del Gobierno. Pero si que los necesitamos y debemos exigirlos.
Ciertamente podemos pensar que son demasiadas televisiones, pero la solución no equivale a privatizarlas, la mejor solución pasaría por una reestructuración y una gestión que se adapte a las posibilidades en relación a su financiación. Cuando recortan y privatizan nuestra sanidad o nuestra educación pública nos manifestamos, pero cuando se trata de los servicios públicos de radio y televisión en cierta forma pasamos y dejamos que las protestas corran a cargo de los trabajadores de esos entes. Lo curioso es que los pagamos igual que cualquier otro, y que constituyen un medio fundamental de control y supervisión.
En estos momentos de descrédito y desconfianza es cuando más necesitamos medios públicos de calidad, que actúen con independencia y sean capaces de supervisar las funciones del Gobierno. Los medios públicos no son necesarios porque el Estado haya tenido la genial idea de regularlos, sino porque las minorías necesitan hacerse visibles, porque todo no es rentabilidad y porque el acceso a la información veraz e independiente debe ser exigible siempre, más allá de que le guste o no a su gestor provisional.
Plataformas como «Hazlo público»[2] sacan a la luz el desmantelamiento al que está siendo sometidas las televisiones públicas e invitan a reivindicar «una radio y televisión de calidad, independiente y para la ciudadanía».
Si no defendemos un referente público estaremos perdiendo fuelle a favor de la cultura y propiciando el desarrollo de la televisión basura. Los medios de comunicación son imprescindibles para la creación de una opinión pública informada que nos permita tener una percepción más crítica de la realidad y construir así una democracia de mayor calidad.
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Pies de foto:
[Imagen principal] Chema Peral (2014) Réquiem por las televisiones autonómicas.
Bibliografía:
[1] Vídeo inauguración de Canal Sur, discurso del presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: https://www.youtube.com/watch?v=lyRkJFLoh3A
López Jordán, J. (2013) ¿Son necesarias las televisiones públicas en España? Un debate adulterado. adComunica, 6, 233-237. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/93
Coloquio sobre los medios de comunicación en la construcción de la realidad. La Universidad, nº 47, mayo 2010. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://www.revista.unsj.edu.ar/revista47/ramonet_zepeda.php
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Perez, J. /Europa Press (2014, 26 de marzo). El Supremo declara improcedente el ERE de Telemadrid. Público.es. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://www.publico.es/510415/el-supremo-declara-improcedente-el-ere-de-telemadrid
AGENCIAS. (2013, 5 de noviembre). La Generalitat cierra Canal 9 tras la anulación del ERE al ver "inviable" readmitir a los despedidos. RTVE.es. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://www.rtve.es/noticias/20131105/gobierno-valenciano-anuncia-cierre-canal-9-tras-anulacion-del-ere-justicia/784563.shtml
EL PAÍS. (2013, 29 de noviembre). Aguirre advierte de que Telemadrid también cerrará si se rechaza el ERE. El País. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/madrid/1385723257_354838.html
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Gómez, R. (2012, 27 de agosto). Se vende la televisión autonómica (a pedazos). El País. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/27/actualidad/1346091419_372027.html
Limón, R. (2013, 16 de marzo). Canal Sur frente a las otras autonómicas. El País. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/15/andalucia/1363343799_812790.html
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Ruiz, J. (2012, 29 de agosto). Murcia apaga su tele autonómica a la espera de privatizarla. El País. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://politica.elpais.com/politica/2012/08/29/actualidad/1346245599_951577.html
Gómez, R. (2014, 13 de abril). Murcia privatiza la gestión de la televisión autonómica. El País. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/13/television/1397411397_636698.html
Plataforma «Hazlo público». Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: http://hazlopublico.org/
Vídeo inauguración de Canal Sur, discurso del presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Recuperado el 26 de mayo de 2014, desde: https://www.youtube.com/watch?v=lyRkJFLoh3A
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