Baeza hace cien años. Decadencia y abandono de su patrimonio edificado

    El concepto que hoy tenemos del patrimonio es fruto de la evolución. Está en permanente cambio. Y gran parte de su contenido depende del pensamiento dominante en cada momento, de las condiciones sociales, políticas e ideologías que lo sustentan. Por tanto, la elección de qué conservamos o no, cómo se conserva, los criterios de restauración y hasta los usos que se dan a ese patrimonio son acciones que responden a voluntades concretas que llegan a  modificar la percepción que tenemos de espacios y territorios; a veces  de forma inconsciente y otras mediante manipulaciones pensadas para moldear la memoria y el imaginario colectivo (lo que dejaremos para una próxima ocasión). Algunas veces nos dejamos llevar  por la magnífica imagen de un conjunto histórico muy bien conservado pensando «que nos transportamos en el tiempo» cuando en realidad lo que vemos es fruto de una transformación que muchas veces tiene poco de auténtica.

    En la España de finales del siglo XIX y principios del XX gran parte del patrimonio histórico y cultural que aún no se había perdido estaba en situación de abandono e incuria. Sólo concitaban interés los «grandes monumentos» y la opinión pública no tenía conciencia generalizada (ni motivos que la avalaran) de la utilidad del pasado. Es más, las ideas de «progreso» y modernidad chocaban de lleno con la conservación de lo que hoy llamamos patrimonio cultural. La tendencia dominante en la conservación y restauración patrimonial valoraba especialmente las expresiones artísticas, el monumento singular y dentro de estos las manifestaciones propias de las clases dominantes (fundamentalmente palacios e iglesias), arropada en una concepción historicista basada en la imitación y la recreación.

    Baeza  era un reflejo de esta situación, y el enorme patrimonio histórico que atesoraba se encontraba, entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, en estado de dejadez y ruina. A las numerosas pérdidas producidas como consecuencia de las desamortizaciones, el abandono o la destrucción y las modificaciones realizadas en ciertos espacios públicos fruto de las «exigencias modernas», hay que sumar las profundas transformaciones de que fueron objeto otros inmuebles. Los documentos fotográficos que, desde finales del XIX, se conservan de diversos autores e instituciones dan buena fe de lo que decimos (Domingo López, Patronato de la Alhambra, Editorial Oriol, L. Roisin, E. Romero de Torres, Cristóbal Cruz, F. Baras, Instituto del Patrimonio Cultural Español, etc.).

    Por esas fechas Alfonso de Viedma, erudito local residente fuera de Baeza, resalta que «se nota con frecuencia, al volver a la ciudad, la desaparición de un edificio, la demolición de un templo, el enjabelgado de una fachada histórica, la conversión de una casa señorial en construcción reciente…» [1]. Esa es la imagen que también percibe el joven estudiante granadino Federico García Lorca en sus visitas a Baeza en 1916 y 1917, plasmada en su obra Impresiones y Paisajes: «Todas las cosas están dormidas en un tenue sopor...,[…] Por todas partes ruinas color sangre,... […] pero todo está abandonado, despreciado..., y lo que han cuidado, tiene el gesto de la profanación artística. […] ¡Esta monomanía caciquil de derribar las cosas viejas para levantar en su lugar monumentos dirigidos por Benlliure o Lampérez!» [2]. 

        «Gran cantidad de bienes culturales nacionales, arrancados de sus lugares de origen, acabaron en manos de millonarios o museos de otros lugares e incluso otros países».

     No sólo el conjunto urbano muta, el convento de San Francisco se encuentra en ruinas, las Escribanías en peligro de derrumbe, el Palacio del Obispo y el Colegio de Santiago transformados casi en su totalidad, se ha perdido el Palacio de los Carvajales y demolido el Convento de El Carmen, poco queda de San Juan Bautista, el Convento de Santo Domingo o de Santa María de Gracia, palacios y casonas convertidos en insalubres casas de vecinos, la Catedral en estado lamentable, o han colocado unas inventadas almenas neogóticas en la Torre de los Aliatares y el Arco del Pópulo. Lo que hoy es el barrio histórico era un espacio marginal, poco poblado, muy deteriorado material y socialmente (lo seguirá siendo hasta más allá de los años setenta del siglo XX), como sucedía con otros barrios periféricos de Baeza.

    Más aún, sólo la presión de ciertos sectores muy concienciados evitó que un edificio tan emblemático como Las Escribanías (o Casa del Pópulo) fuera objeto de expolio y desaparición. En 1918 la revista Don Lope de Sosa denuncia: «Se nos dice que el dueño de la Casa del Pópulo, en Baeza, ha enagenado la fachada de dicho edificio, obra notable del tiempo de Carlos V, la cual va a ser desmontada para su traslado fuera de la provincia» [3]. Otra moda fruto de las condiciones socio-políticas dominantes en esa época que facilitó el expolio y la venta de gran cantidad de bienes culturales nacionales que, arrancados de sus lugares de origen, acabaron en manos de millonarios o museos de otros lugares e incluso otros países. En agosto de 1918 el edificio de las Escribanías sería comprado por el Ayuntamiento por 4000 pesetas pero, aunque será declarado monumento arquitectónico en 1919 [4], su situación seguiría siendo ruinosa durante muchos años.

    Hasta la llegada de la II República Baeza solo tiene dos bienes declarados monumentos nacionales, las ruinosas Escribanías (1919) y la fachada del Ayuntamiento, que lo había sido en 1917 (según los criterios imperantes no se protegió el conjunto del edificio). Sin embargo las nuevas tendencias de protección patrimonial que se están extendiendo en consonancia con los cambios ideológicos, sociales y culturales explotarán con la proclamación de la II República. Figuras como Leopoldo Torres Balbás se alejan del historicismo bajo el criterio general «de máximo respeto a la obra antigua conservando las fases y adiciones posteriores que tengan interés histórico, arqueológico, artístico o monumental, huyendo lo más posible de añadir nada nuevo y diferenciando siempre lo añadido, para que nunca pueda confundirse con la obra antigua, al mismo tiempo que se procura atender al ambiente y al aspecto artístico del edificio reparado» [5]. La preocupación por declarar para conservar y proteger se va concretando y se realizan notables intentos por actuar sobre el muy deteriorado patrimonio español. La propia Constitución de 1931 recogía, por primera vez en la historia española, una alusión directa al patrimonio nacional (artístico, histórico y natural), estableciendo la responsabilidad pública en su salvaguardia, custodia y conservación, reflejando un concepto de patrimonio público (incluyendo bienes públicos y privados, también de la Iglesia) y el compromiso estatal de defensa y conservación, la facultad de expropiación y la prohibición de enajenación o exportación en virtud de su defensa [6]. En 1931 el gobierno de la II República publica un extenso decreto para toda España en el que se incluye la declaración como monumentos Histórico-Artísticos de cuatro inmuebles baezanos de la importancia de la Catedral, las ruinas de San Francisco, el Seminario (creemos que incluía a los dos edificios que lo componían: el Seminario San Felipe Neri propiamente dicho y el Palacio de Jabalquinto) y la iglesia de San Andrés.

        «La propia Constitución de 1931 recogía, por primera vez en la historia española, una alusión directa al patrimonio nacional (artístico, histórico y natural), estableciendo la responsabilidad pública en su salvaguardia, custodia y conservación».

    Sin embargo, el estallido de la guerra civil truncará todo este proceso de modernización de conceptos, de creación de organismos y de racionalización de la actuación sobre el patrimonio. No obstante, el gobierno republicano dio ejemplo de preocupación por el patrimonio cultural a pesar de las circunstancias extraordinarias de la guerra. La actuación de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, dirigida por Timoteo Pérez Rubio y con la participación del genial artista Josep Renau o Rafael Alberti y Mª Teresa León, fue modélica y heroica. En ese sentido, «Cuando el gobierno republicano logró controlar la situación política, serían los comunistas, más organizados y sensibilizados con el patrimonio cultural, quienes se encargarían de crear y dirigir las instituciones responsables de las acciones prioritarias: proteger y custodiar los monumentos, evacuar obras de arte de las zonas en peligro, recuperar las que se encontraban en poder de las organizaciones obreras y políticas, y conseguir el control exclusivo de la defensa del patrimonio. Para ello se crearon por el Gobierno en abril de 1937 la Junta Central y Delegadas del Tesoro Artístico» [7]. Esa labor tuvo como ejemplo paradigmático el episodio del espectacular salvamento de los fondos artísticos del Museo del Prado y otros con su peregrinaje por Valencia, Gerona y Ginebra.

    Baeza, que permaneció fiel al gobierno legítimo de la República hasta el final de la guerra, no fue zona de combates ni tampoco sufrió, excepto algún caso marginal de clara simbología socio-politica, episodios significativos de acciones incontroladas que atentaran contra el patrimonio relacionado con las clases dominantes o con la iglesia. Es más, la labor de prevención contra actos vandálicos de ciertos bienes históricos benefició a nuestra ciudad. Entre los tesoros artísticos evacuados para evitar su destrucción por acciones de guerra o pillaje estuvo la Custodia de la Catedral de Baeza, que formó parte de ese famoso convoy,  aunque la propaganda franquista pintó el episodio durante muchos años como un «robo» perpetrado por las «hordas marxistas» que, extrañamente, la habían conservado intacta y en perfectas condiciones hasta la caída de Perelada (en cuyo castillo estaba depositada) en manos del ejército fascista. Incluso en la actualidad hay quien defiende esa descabellada visión ajena al más mínimo rigor histórico.