El día en el que Philip Morris te prohibió dejar de fumar

    Privatización de servicios públicos, riesgos medioambientales, derechos laborales, control de alimentos, precios de fármacos, libertad digital, protección de la vida privada... ningún campo de interés general quedará fuera del conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC). Sin embargo, poco conocemos sobre este acuerdo a gran escala que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.

    Empezamos a oír hablar de él hace relativamente poco, apenas unos meses atrás, debido al silencio informativo que ha envuelto las negociaciones. Según la experiencia, este secretismo no augura nada bueno...¿de qué se trata? ¿nos beneficiará en algo? Con este artículo pretendemos conocer un poco más de cerca este Tratado; para ello nos aproximaremos a través de los principales efectos que podría ocasionar según fuentes expertas.

    El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión, el TTIP por sus siglas en inglés (The Transatlantic Trade and Investment Partnership), comenzó a negociarse en julio de 2013 entre Estados Unidos y la Unión Europea.

    Quien dice negociar, dice repartir el pastel y velar todo lo posible el proceso. Sin embargo, la opacidad y los puntos que recoge este tratado no son nada nuevos. Su contenido evidencia similitudes respecto a otro proyecto negociado en secreto entre 1995 y 1997, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), en el que participaron los veintinueve Estados que conformaban la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este acuerdo pretendía dotar a las empresas de más derechos y menos deberes cuando invirtiesen en el extranjero. No obstante, tras la revelación del proyecto, se produjo una ola de protestas a nivel mundial que consiguió frenarlo. Todo quedó en una declaración de intenciones pospuesta para un futuro «más propicio».

    Y casi 16 años después parece que el momento propicio ha llegado. El acuerdo regresa a la palestra con el intento de volver a pasar desapercibido. Lo que parece claro es que no puede tratarse de un asunto de poca relevancia, cuando los principales grupos de presión del poder político y económico lo han apoyado.

    Según la Comisión Europea, su objetivo principal es «eliminar los obstáculos comerciales en una amplia gama de sectores económicos para facilitar la compraventa de bienes y servicios entre la UE y los EE. UU.». No obstante, más que reducir los aranceles en todos los sectores, haría frente a la «disparidad de reglamentaciones técnicas, normas y procedimientos de certificación». Por lo tanto, si no estamos hablando de que el iPhone nos salga más barato ¿a quiénes beneficiará más esta modificación de la regulación existente en las relaciones comerciales?

        «The Host State, este instrumento del derecho internacional plantea un debate muy complejo en relación a su impacto en la capacidad de los gobiernos para implementar las reformas legislativas y las políticas relacionadas con la salud pública, la protección del medio ambiente o los derechos humanos».

    Aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos y criticados de la negociación de este Tratado: la «solución de controversias inversor-Estado» (ISDS, son sus siglas en inglés: Investor-state dispute settlement). Esto es, un mecanismo de resolución de conflictos entre los inversores extranjeros para desafiar lo que creen que es un «trato injusto» por parte del gobierno anfitrión de su inversión, «the Host State». De esta forma los inversores pueden presentar sus quejas y reclamar indemnizaciones ante los «tribunales internacionales de arbitraje», no ante la Justicia ordinaria de los Estados si creen que sus beneficios económicos no han superado sus expectativas debido a las leyes o políticas del país en el que han invertido. Este instrumento del derecho internacional plantea un debate muy complejo en relación a su impacto en la capacidad de los gobiernos para implementar las reformas legislativas y las políticas relacionadas con la salud pública, la protección del medio ambiente o los derechos humanos. Además, el arbitraje comercial internacional comprende un sistema de jurisdicción mercantil privado totalmente independiente de los juzgados y de los tribunales de los distintos países del mundo, y a menudo están compuestos por abogados de las mismas empresas (¡qué casualidad!).

    Tanto Estados Unidos como Europa quieren al ISDS en el acuerdo, pero se han encontrado con la dura oposición de los grupos sociales, que temen que los inversores puedan usar este mecanismo para bloquear las regulaciones ambientales y de salud de los Estados, con el argumento de que tal normativa puede disminuir el valor de una inversión. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker asegura que quieren redactar disposiciones ISDS que eviten reclamaciones «frívolas». Pero lo cierto es que el documento no deja claro quién gana cuando un tribunal de arbitraje y un tribunal nacional están en conflicto abierto.

    Según sus defensores, la intención de esta medida es garantizar la posición de las empresas inversoras en países con un sistema jurídico poco «fiable»; de esta forma podrían hacer valer sus derechos en casos de expropiación (algo de esto nos suena, una tal Repsol YPF...).

    Pero sorprende cuando se habla de países democráticos como los que conforman la Unión Europea y los Estados Unidos, que disponen de una justicia respetuosa con el derecho de la propiedad. Así, el TTIP demuestra que más que proteger a los inversores, lo que busca es aumentar el poder de las multinacionales.

    Algunos casos ya han demostrado la indefensión de determinados Estados ante las grandes multinacionales. Un lamentable ejemplo es el de Philip Morris, que en 2010 demandó al Gobierno de Uruguay y Australia ante un tribunal internacional al aprobar estos legislaciones antitabaco más restrictivas. Australia tenía el suficiente peso político y comercial como para defenderse y su causa fue sobreestimada. Sin embargo, en el caso de Uruguay, país con menor influencia, el juicio que los enfrenta todavía continua y la multinacional reclama una indemnización de 2.000 millones de dólares (1.450 millones de euros).

        «Las penalizaciones que imponen estos tribunales no tienen límite y en el caso de que los gobiernos ganen los juicios, estos tienen que pagar los gastos de justicia y comisiones que llegan a ascender a un promedio de 8 millones de dólares por expediente». 

    La empresa energética sueca Vatenfall reclama a Alemania varios miles de millones de euros por el «giro energético» que ha decidido ejecutar el Gobierno alemán con el que se busca una eliminación gradual de la energía nuclear.

    El grupo farmacéutico estadounidense Eli Lilly también se ha servido del arbitraje bajo las reglas que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y solicitó 500 millones de dólares a Canadá por haber puesto en práctica un sistema de patentes que hace más accesible ciertos medicamentos.

    Lo llamativo es que las penalizaciones que imponen estos tribunales no tienen límite y en el caso de que los gobiernos ganen los juicios, estos tienen que pagar los gastos de justicia y comisiones que llegan a ascender a un promedio de 8 millones de dólares por expediente. Con tales costes, los poderes públicos terminan por negociar con el demandante antes que defender la causa en los tribunales.

Supuestos beneficios económicos:

    La eliminación de los aranceles a la importación y la armonización de la regulación entre las dos regiones conseguirían conformar una «Gran Red de Occidente» que permitiría a las empresas ahorrar millones de euros y crear «cientos de miles de puestos de trabajo», según señala un informe independiente elaborado Centre for Economic Policy Research London por encargo de la Comisión Europea. Este informe apunta que este «ambicioso» acuerdo podrían traer importantes beneficios. Teóricamente unos 119.000 millones para las arcas europeas y 95.000 millones de euros para EE.UU. Este beneficio se traduciría según el informe, en un extra de 545€ para cada familia media europea y 655€ por familia en EE.UU. La liberalización del comercio no queda ahí, el informe también asegura que tendría un impacto positivo para el resto del mundo, donde los ingresos mundiales aumentarían en casi 100 mil millones.

    Un estudio encargado por la fundación Bertelsmann, también realiza vaticinios muy atractivos. El TTIP podría significar a largo plazo un aumento de más del 13% en el PIB per cápita para Estados Unidos y un aumento medio real del 5% en la renta per cápita para la UE, incluido un mínimo del 10% per cápita para Reino Unido.

    En tiempos de crisis, estas predicciones resultan muy seductoras. Sin embargo, vender tu libertad por 545 euros al año, 1,5€ al día, parece un precio muy a la baja. Además, habría que dar por factibles y exactos todos los datos que reportan las instituciones a las que se les ha encargado elaborar estos informes (estimaciones, ¡esa gran amiga cuando se la necesita!). Sea como sea, estos presagios parecen un tanto desmesurados. La propia Comisión Europea concluye que una tasa regional de crecimiento del 0,1 por ciento

sería una expectativa más realista. Esto equivaldría a una tasa de crecimiento del PIB de apenas un 0,01 por ciento en un periodo de diez años.

Posibles riesgos:

    Los beneficios económicos que podrían obtenerse resultan ínfimos, si los comparamos con los riesgos socioeconómicos y medioambientales que podrían generarse (que por supuesto han sido minimizados por el TTIP). Ecologistas en Acción, analiza los posibles peligros sociales y ambientales que traería consigo la liberalización y desregulación del mercado entre Estados Unidos y la Unión Europea, en su informe ‘A Brave New Transatlantic Partnership’ (Un Desafiante Nuevo Tratado Trasatlántico).

    En el ámbito laboral, otras experiencias similares como el NAFTA —Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre EEUU., Canadá y México— no consiguieron los resultados que se preveían en materia de empleo. Este tratado supuso la destrucción de casi 1 millón de puestos de trabajo en los EE.UU., pese a que Bill Clinton predecía la creación de millones de nuevos empleos.

Por otra parte, los derechos laborales podrían verse seriamente debilitados por la avenencia de las normas y reglamentos entre las dos potencias transatlánticas. Los EEUU tienen ratificados sólo dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del

Trabajo. No están en vigor el convenio relativo a la libertad sindical o el concerniente a la discriminación en materia de empleo y ocupación, o la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor.

    La Comisión Europea ya ha utilizado la crisis como excusa para atacar los salarios de los trabajadores y trasladar a la UE hacia un enfoque más «abierto y flexible». El TTIP podría suponer finalmente una mayor consonancia respecto a las normas de EE.UU.

        «Los beneficios económicos que podrían obtenerse resultan ínfimos, si los comparamos con los riesgos socioeconómicos y medioambientales que podrían generarse».

    En el ámbito medioambiental Ecologistas en Acción señala que el aumento del comercio, la producción y el consumo aumentarán la contaminación y el agotamiento de los recursos. Esto puede resultar obvio, pero las nefastas consecuencias se achacan más bien a la armonización de las reglas ambientales entre la UE y EE.UU (un dato relevante aquí es que EEUU abandonó el protocolo de Kioto en 2001 pese a ser el primer emisor de gases contaminantes del mundo en ese momento). El TIPP socavaría el principio de precaución [1] que rige la política medioambiental de la UE.

    Por ejemplo, este Tratado podría afectar a las moratorias europeas impuestas sobre el controvertido asunto de la extracción de gas de esquisto (shale gas) conocido como «fracking» [2] (esta técnica está ampliamente extendida en Estados Unidos gracias a su flexible regulación ambiental aunque está demostrado su responsabilidad en la contaminación de acuíferos, la polución del aire y los riesgos de terremotos). De hecho, en la actualidad, las grandes empresas europeas que trabajan con este gas se han quejado en varias ocasiones al considerar que las políticas restrictivas de la UE impiden su desarrollo y crecimiento de sus negocios.

    La regulación en torno a la emisión de gases de efecto invernadero también podría verse afectada. La organización Airlines for America (A4A) —representante de las principales compañías aéreas de Estados Unidos—, estableció una lista de «los reglamentos inútiles que tienen un efecto considerable en su industria» y que el TTIP debe hacer desaparecer. El primero de ellos es el sistema europeo de intercambio de cuotas de emisiones, que obliga a las compañías aéreas a pagar por su polución de carbono y según A4A debe suprimirse definitivamente en pos del «progreso» —o de su progreso, querrán decir—.

    En cuestiones sanitarias la convergencia regulatoria entre EE.UU. y la UE podría afectar a las protecciones existentes en salud pública. La regulación que establece la Unión Europea en materia de salud es más estricta que la de los Estados Unidos. En EE.UU. domina una aproximación de libre comercialización hasta que la evidencia científica no demuestre su carácter nocivo, mientras que en la UE predomina el principio de precaución frente a nuevos productos. De esta forma, el TIPP podría rebajar la legislación en ciertos ámbitos como la aplicación de ciertos controles de alimentos o medicamentos...así como la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios. Por otra parte, se facilitaría la apertura de los sectores de salud europeos a la competencia de proveedores de servicios de salud privados estadounidenses. Algo que probablemente encarecerá el coste de la salud para los europeos, limitando aún más el acceso a la salud en momentos de dificultad económica. Además, el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual también impediría la fabricación de medicamentos genéricos más baratos.

    En el caso de España, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, dejó claro que el TIPP no quiere dejar al margen ningún sector de la economía que pueda ser susceptible de inversiones privadas, «cuantas menos exclusiones, mejor», declaró. En este sentido, el sistema sanitario español parece un objetivo muy apetitoso para el sector privado, como ya se ha demostrado al hilo de la crisis —entiéndase crisis como ‘intento descarado de privatización’— sanitaria en la comunidad de Madrid. En un documento confidencial publicado en Diario.es a través de Filtrala.org el pasado junio, los servicios públicos como el sanitario, eran incluidos en los puntos de negociación.

        «El TIPP podría rebajar la legislación en ciertos ámbitos como la aplicación de ciertos controles de alimentos o medicamentos, así como la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios».

    Otro tema muy controvertido, tiene que ver con la seguridad alimenticia. En EE.UU., la Asociación de la Industria Biotecnológica (Biotechnology Industry Organization, BIO), de la que forma parte el gigante Monsanto —multinacional dedicada a proveer productos químicos para la agricultura—, se indigna de que productos que contienen Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y que se venden en Estados Unidos, puedan ser rechazados en el mercado europeo. El TIPP facilitaría mucho la oportunidad de que la multinacional pudiese exportar a los europeos todo su catálogo de productos OGM.

    Por otro lado, la industria estadounidense de la carne pretende obtener la supresión de la norma europea que prohíbe la desinfección de los pollos con cloro. Una de las multinacionales que encabeza esta lucha es el grupo Yum, propietario de la famosa cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken. El Instituto Estadounidense de la Carne no entiende el rechazo de Bruselas a las carnes enriquecidas con agonistas beta, como el clorhidrato de ractopamina. La ractopamina —que así de primeras no suena muy saludable— es un fármaco que se usa como aditivo alimenticio para acelerar el crecimiento de los cerdos, especialmente de su masa muscular. Debido a los riesgos que puede crear en animales y consumidores, está prohibida en 160 países, entre los que se encuentran los Estados miembros de la UE, Rusia y China.

    No obstante, todo lo malo no viene del lado estadounidense. Los industriales agrupados en el seno de BusinessEurope —la patronal más fuerte del lado europeo— también denuncia barreras que según ellos, afectan a las exportaciones europeas hacia EEUU, como la ley estadounidense de seguridad alimentaria. Esta ley autoriza a los servicios de control a retirar del mercado los productos de importación contaminados.

    Para terminar, en el caso de la propiedad intelectual encontramos otro de los capítulos más controvertidos del acuerdo. Los partidarios de aplicar normas de Propiedad Intelectual (PI) más estrictas, aseguran que mejoraría la protección de la «piratería» y estimularía «la innovación, el progreso y el crecimiento económico». No obstante, sus detractores no están tan seguros de ello y opinan que este capítulo del TTIP podría suponer una concesión de poderes legales a las grandes empresas y un intento de resucitar el espíritu del ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación).

    Este acuerdo se intentó llevar a cabo en 2006 entre los EE.UU. y otros países — algunos de la UE—, pretendía fortalecer los derechos de la industria hasta el punto de vulnerar la privacidad de los ciudadanos, haciendo que los proveedores de Internet se convirtieran en servicios de vigilancia de las grandes empresas. De nuevo el rechazo popular hizo que el Parlamento Europeo rechazara el ACTA, pero muchos de sus puntos se han intentado introducir en otros tratados como el CETA (en proceso de negociación entre la UE y Canadá). Un acuerdo que puede servir como modelo para el TTIP en cuestiones de derechos de propiedad intelectual.

    Este capítulo ofrecería a las empresas mayor facilidad para acceder a los datos privados de los ciudadanos en detrimento de su derecho a la privacidad. Las revelaciones de Edward Snowden ya demostraron la facilidad de acceso a los datos privados sin prácticamente restricciones. En Europa, ‘presuntamente’, la ciudadanía todavía, está protegida por unos mínimos «derechos digitales» en contra de la violación de la privacidad.

    En este sentido, no resulta extraño que las grandes compañías estadounidenses de Internet como Facebook, Microsoft y Google, hayan presionado activamente para conseguir el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, con la esperanza de romper las normas de protección de datos en Europa. Aquí la idea es que si te quieres ver el último capítulo de Juego de Tronos, tengas que pagar con tu alma.

        «La mayoría de los estudios acerca del TTIP han sido financiados por instituciones a las que les favorece el libre comercio, y para las que los costes sociales y ambientales no tienen importancia».

    En las palabras de Julian Assange, «de ser instituido, el régimen de PI del TTIP pisotearía los derechos individuales y la libre expresión y trataría como un trapo al patrimonio común intelectual y creativo. Si usted lee, escribe, publica, piensa, escucha, baila, canta o inventa; si usted cultiva o consume comida; si se encuentra enfermo o se pudiera encontrar algún día enfermo, el TTIP lo tiene en su mira».

    Resulta realmente complicado evaluar cuáles podrían ser los efectos de este tratado, pero a pesar de que podamos estar en contra o a favor, lo que sí es seguro es que nos afectará de alguna forma como ciudadanos y por tanto, debemos exigir conocer qué se está negociando en él.

    Los propios artífices del TTIP admiten que el objetivo principal no es acabar con las trabas aduaneras, sino imponer «la eliminación y la reducción o la prevención de políticas nacionales superfluas». La cuestión es: ¿qué es lo superfluo para ellas?, ¿un eufemismo de lo que nos impide obtener mayores beneficios?

    Viendo estos datos, no resulta extraño que la mayoría de los estudios acerca del TTIP hayan sido financiados por instituciones a las que les favorece el libre comercio, y para las que los costes sociales y ambientales no tienen importancia. Además, resulta más que evidente que los argumentos de creación de empleo y crecimiento en momentos de crisis están siendo instrumentalizados para neutralizar las protestas en defensa de los servicios públicos, los derechos laborales o el medio ambiente.

    Ah!, pero esto no es el Rubicón, la suerte aún no está echada, el TTIP no se ha aprobado todavía y la experiencia de otros tratados como el AMI demostró que la opinión pública es fundamental para decidir su continuación. Ocurra lo que ocurra, qué no pase esta época a la historia por la indiferencia de los buenos.

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Pies de foto: 

[Imagen principal] Florencia Gutman (2014) Tratado de libre comercio. 

Notas al pie: 

[1] El principio precautorio nació en Alemania, para proteger la salud humana del efecto de ciertos productos químicos, donde extendió su aplicación a la protección de los recursos naturales y de los ecosistemas así como a los problemas globales.

[2] Término anglosajón para referirse a la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos).

Bibliografía: 

BBC MUNDO. (2005, 10 de febrero). Las claves de Kioto. BBC Mundo. Recuperado el 5 de agosto de 2014, desde: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/kioto/newsid_4234000/4234085.stm

DER SPIEGEL. (2011, 2 de noviembre). Vattenfall vs. Germany: Nuclear Phase-Out Faces Billion-Euro Lawsuit. Der Spiegel. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde:

http://www.spiegel.de/international/germany/vattenfall-vs-germany-nuclear-phase-out-faces-billion- euro-lawsuit-a-795466.html

Silverman, E. (2014, 15 de Julio). Canada Says Lilly Offers ‘Misleading’ Facts in Their Patent Dispute. The Wall Street Journal. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://blogs.wsj.com/pharmalot/2014/07/15/lilly-offers-misleading-facts-in-our-patent-dispute-says- canada/

THE GLOBAL AND MAIL. (2013, 24 de noviembre). Canada must learn from NAFTA legal battles. The Global and Mail. Recuperado el 3 de agosto de 2014 desde: http://www.theglobeandmail.com/report-on- business/economy/canada-must-learn-from-nafta-legal-battles/article15579209/

European Commission. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde:http://ec.europa.eu/trade/policy/in- focus/ttip/about-ttip/index_es.htm

Dalton, M. (2014, 16 de julio). Did Juncker Oppose Investor Tribunals in the U.S.-EU Trade Deal? The Wall Street Journal. Recuperado el 3 de agosto de 2014: http://blogs.wsj.com/brussels/2014/07/16/did- juncker-oppose-investor-tribunals-in-the-u-s-eu-trade-deal/

Martínez, M. (2014, 15 de abril). Uruguay pedirá ayuda a Obama en su juicio con Philip Morris. El País. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/15/actualidad/1397577171_529398.html

Gallego, S. (2011, 13 de noviembre). El gigante del tabaco, contra Uruguay. El País. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://elpais.com/diario/2011/11/13/sociedad/1321138807_850215.html

Agustina, L. (2014, 9 de febrero). El boom del 'fracking' en EE.UU. abre grietas en la industria europea. La Vanguardia. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://www.lavanguardia.com/economia/20140209/54400069097/boom-fracking-ee-uu-abre-grietas- industria-europea.html

Padilla, J. (2014, 20 de julio). El TTIP: ¿una amenaza para los sistemas sanitarios públicos? El País. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/TTIP- amenaza-sistemas-sanitarios-publicos_0_283471927.html

Carreño, B. (2014, 13 de junio). DOCUMENTO: El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa. Eldiario.es. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://www.eldiario.es/economia/DOCUMENTO-UE-EEUU-Tratado-Comercio_0_270523019.html

Carreño, B. (2014, 17 de junio). Guindos pide que no se excluya ningún sector en las negociaciones de libre comercio con EEUU.

Eldiario.es. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://www.eldiario.es/economia/Guindos-excluya-negociaciones-comercio-EEUU_0_271923115.html

Rejón, R. (2014, 6 de julio). Las claves del documento sobre 'fracking' que el Gobierno mantiene oculto. Eldiario.es. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://www.eldiario.es/sociedad/fracking- estudio-riesgos-exigencias-empresas_0_277872459.html

Wallch, L. (2013, noviembre). Le traité transatlantique, un typhon qui menace les Européens. Le Monde Diplomatique. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://www.monde- diplomatique.fr/2013/11/WALLACH/49803

Informe independiente elaborado por Centre for Economic Policy Research, London para la Comisión Europea en marzo de 2013.Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf

Informe de Ecologistas en Acción: “A Brave New Transatlantic Partnership” (Un Desafiante Nuevo Tratado Trasatlántico). Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde: http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership.pdf

Ecologistas en Acción. Recuperado el 3 de agosto de 2014, desde:

https://www.ecologistasenaccion.org/article26646.html https://www.ecologistasenaccion.org/article27102.html Otras páginas consultadas http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.KT/countries?display=default http://www.derecho-ambiental.cl/2013/04/el-principio-precautorio.html http://energy.gov/fe/shale-gas-101#pro http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/why_is_shale_gas_important.pdf http://www.tni.org/es/briefing/un-mundo-feliz-transatlantico

Página de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_es.htm